La pandemia del Covid-19 ha afectado de manera drástica e inesperada a distintos pilares de la sociedad actual, generando, o en muchos casos revelando, realidades que parecían parte de un pasado lejano.
El sector laboral, el cual, aparte de ser de los más afectados, ha sido uno de los que más ha tenido que adaptarse a las medidas sanitarias. No solo hablamos de despidos masivos o suspensión indefinida de labores, sino de readaptación contextual, dígase, llevar el trabajo –y sus aristas– a casa.
Los jóvenes que buscan prácticas, y los que ya se encuentran practicando, no han estado exentos de estos cambios. Y si por mucho tiempo eran considerados por muchas organizaciones como “la última rueda del coche”, toca ahora preguntarnos qué impacto tiene toda esta situación en ellos.
Diversos países de la región cuentan con leyes y normativas que buscan proteger al practicante, desde el horario que deben tener –unas 6 horas diarias aprox.–vacaciones después de un año de convenio hasta una remuneración equivalente o superior al sueldo mínimo de acuerdo con el país. Parecería entonces que esta población no tendría mayores problemas en insertarse laboralmente en esta modalidad, pero la realidad, lamentablemente, dista de ser perfecta.
Como fue mencionado, los practicantes en diversas ocasiones son considerados como “la última rueda del coche”, y esto tiene una razón clara: son considerados como una carga más que como un beneficio; la figura de inserción laboral y aprendizaje es puesta en segundo plano, priorizando el beneficio productivo que este le pueda dar a la organización.
No es raro enterarse de casos de abuso por parte de los empleadores, no respetando horarios, el pago de la subvención, o incluso, evitando el convenio formal y llevar solo de palabra. El practicante, al verse obligado a cumplir con su periodo de prácticas, no solo por la universidad sino también por un tema de experiencia, acepta sin chistar.
Entonces nos preguntamos: ¿Existen organismos que defiendan los derechos del practicante? Sí, pero la ineficiencia de estos y el miedo del practicante al “ya quedaste en la lista negra” o “no sabes pagar derecho de piso”, hacen que estas estrategias no sean la solución al problema. Ahora, a todo esto, sumémosle la pandemia, el aislamiento y el trabajo remoto.
Este último hace referencia a la labor realizada desde un espacio ajeno a la oficina, como lo puede ser el propio domicilio a través del uso de un ordenador, una Tablet o medios similares con conexión a internet para acceder de forma remota a sistemas claves para la realización de funciones. Sin embargo, el panorama vuelve a tornarse gris ya que, de por sí, esta modalidad tiene sus desventajas, afectando mucho más otro eje relevante de la vida de la persona: la salud mental.
¿Cómo así? Usualmente, la mayoría de los practicantes suelen estudiar y trabajar. Teniendo ahora estas dos áreas en un mismo espacio, no hace más que dificultar el poder dividirlas, haciendo que la línea que las separa respecto a tiempos y organización se vuelva borrosa. Este último punto es clave para la persona que estudia y trabaja al mismo tiempo, siendo un desafío poder generar armonía entre la vida laboral, académica y la personal. El hecho de solo pensarlo genera incomodidad –estrés–,imagina ahora hacerlo.
Los problemas parecen acrecentarse, tomando en cuenta la cantidad de expectativas que el practicante debe cumplir no solo a nivel laboral, sino a nivel académico. El espacio de por sí genera problemas en la población activa laboralmente, por ejemplo, con el trabajo fuera de horario; para el practicante, la desconexión digital es un salvavidas que, muchas veces, no es tomado en cuenta.
Entonces, el estrés que puede ser causado por alguna asignación desafiante (y que podría ser positivo), termina acrecentándose y, en el peor de los casos, se vuelve crónico. El burnuot, ya considerado en los manuales de diagnóstico como enfermedad ocupacional, parece amenazar a esta población vulnerable, que no debería estarlo más allá de sus capacidades, y en una etapa que de por si está llena de incertidumbres y expectativas.
Países como Perú han creado mecanismos para poder evitar que los practicantes se vean aún más afectados, por ejemplo, la prohibición de la finalización del convenio de manera arbitraria durante el Estado de emergencia o la ley de desconexión digital, pero de nuevo el problema de la fiscalización y eficiencia vuelven a aparecer.
¿Qué podría ser más impactante? El concientizar a los responsables. Un claro ejemplo de una propuesta que busca incidir en la dinámica de contratación y valoración de los practicantes es la celebración del Día del Practicante, evento impulsado por FirstJob, juntando a muchas empresas que tienen la intención de cambiar el cómo se ve al practicante, y poder reconocer su importancia no solo para ellas, sino para el futuro económico del país. Al fin y al cabo, los jóvenes somos el futuro, no solo como recurso productivo, sino el futuro cambio de mentalidad para los demás. Al final de eso trata ¿no? Bienestar para todos, buscando siempre la mejora no solo individual, sino colectiva.
